Examinando por Autor "Del Carpio Ugarte, Cesar Alejandro"
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Ítem Acceso Abierto Análisis del proceso de alimentos bajo los principios de interés superior del menor, tutela jurisdiccional efectiva y primacía de la realidad (2022- 2023)(Universidad Católica de Santa María, 2025-07-25) Arana Carrazco, Brandon EndersonAl hablar de los procesos de alimentos tenemos que hacer referencia a una serie de normas que regulan este proceso judicial que es de naturaleza eminentemente urgente, por los intereses del menor, persona en situación de vulnerabilidad, razón por la cual el legislador tuvo razón al incluirlo en los procesos sumarísimos, ahora procesos únicos, una decisión muy acertada (Alexy, 1987). Sin embargo, dentro del proceso hay algunas normas que requieren ser modificadas en congruencia con la celeridad y el interés superior del menor, de entre las cuales podemos destacar la que establece los presupuestos que se deben de considerar para fijar una pensión de alimentos y el hecho de que el juzgador no debe de hacer mayor análisis sobre la capacidad del obligado, dejando de lado el gran problema que tenemos en el Perú, y es que el 75% de la PEA (Población económicamente activa) vive en la informalidad, un índice bastante elevado en comparación con algunos países de la región. Seguidamente, y a nivel procesal, tenemos que para hacer un requerimiento de pago debe de existir una sentencia firme, por lo menos en primera instancia, y además de ello, presentar un escrito presentando una propuesta de liquidación y solicitando el requerimiento, sin mencionar que para efectuar la liquidación se debe de tomar en cuenta la fecha en que la demanda fue notificada, dejando de lado la fecha en el que se interpuso la misma, lo que no es proporcional y para nada conveniente para el padre que ejerce la tenencia, quien debe de soportar la enorme carga procesal que existen a nivel de los juzgados de familia. Estos problemas y normas, un tanto alejadas de la realidad, son los que pretendemos abordar, puesto que consideramos que no se ha tomado en cuenta el principio del interés superior del menor que se encuentra reconocido no solamente en nuestras normas internas sino también en tratados internacionales que forman parte del ordenamiento jurídico nacional, en base a lo que prescribe la disposición cuarta y final de la Carta Constitucional. Para tales efectos, se hizo una investigación de tipo básico, a través de la técnica de observación y análisis de fuentes doctrinarias y documentales teniendo como conclusión principal que para garantizar el interés superior del menor se debe de considerar la fecha de interposición de la demanda de alimentos.Ítem Acceso Abierto Análisis jurídico de la aplicación de simplificación administrativa de las denegatorias de la solicitud de los beneficios de los trabajadores de cuatro Ugeles de la Región Arequipa, 2022-2023.(Universidad Católica de Santa María, 2024-12-05) Cacsire Bautista, Katherine JenyferEsta exhaustiva investigación. que alcanza el nivel de tesis, tiene como pretensión principal el evaluar la factibilidad de aplicar el principio de simplificación administrativa, respecto a las denegatorias de la solicitud de beneficios de los trabajadores que laboran en las entidades encargadas de gestionar el modelo educativo en la región de Arequipa. Los objetivos específicos incluyen: 1) Precisar los criterios de la simplificación administrativa y su aplicación en este contexto; 2) Examinar si la normativa actual estaría generando la dilatación de los procesos en todas las etapas hasta llegar a la vía judicial., 3) Examinar la relevancia el Decreto Regional N°05-2011 - Arequipa respecto a la solicitud de los beneficios laborales, y, por último 4) Determinar si es posible llegar a unificar los criterios establecidos en sede judicial respecto a la solicitud de beneficios de los trabajadores que laboran en las Unidades de Gestión Educativa Local de la Región Arequipa. Para alcanzar estos fines, se realizará una investigación de tipo básico con enfoque mixto, utilizando como instrumentos fichas documentales que abarcan jurisprudencia, además de guías de entrevistas, buscando una comprensión integral de la problemática y sus posibles solucionesÍtem Acceso Abierto Criterios objetivos para establecer límites al ejercicio del derecho a la insurgencia Perú-2024(Universidad Católica de Santa María, 2025-01-15) Mendoza Martinez, Fiorella del CarmenEl derecho a la insurgencia, reconocido en diversos contextos históricos y jurídicos, representa un mecanismo de última instancia para que los pueblos se levanten contra gobiernos opresores o tiránicos que violan sistemáticamente los derechos fundamentales. No obstante, este derecho no es absoluto y debe ser ponderado cuidadosamente en relación con la protección de derechos esenciales como la dignidad humana y la vida. El equilibrio entre el ejercicio de la insurgencia y la preservación de estos derechos fundamentales plantea una serie de desafíos. La insurgencia justificada debe basarse en la existencia de violaciones graves y persistentes de derechos humanos, donde otros mecanismos de defensa y protección han fallado o son inaccesibles. Asimismo, se deben de establecer criterios específicos para determinar cuando estamos frente a un escenario insurgente legítimo y evitar desnaturalizar este derecho constitucional, este derecho no puede ser una excusa para la violencia indiscriminada o la subversión del orden constitucional sin una causa legítima. Las insurgencias deben ser proporcionales, es decir, deben buscar el menor daño posible y evitar afectar a la población civil inocente. Aquí se destaca la obligación de proteger la vida y la dignidad humana, evitando abusos. Asimismo, la legitimidad del derecho a la insurgencia se evalúa según la intención y los objetivos buscados. La insurgencia debe tener como pilar fundamental restaurar el estado de derecho y los derechos humanos, y no imponer un nuevo régimen de opresión. Las motivaciones detrás de un levantamiento juegan un papel crucial en la determinación de su justicia, donde la defensa de la dignidad humana y la vida son principios rectores. La insurgencia pierde su legitimidad si se convierte en un medio para la toma de poder por intereses particulares o sectarios.Ítem Acceso Abierto El presidencialismo atenuado y su incidencia en la forma de Gobierno y estabilidad Jurídico-Política del Estado Peruano(Universidad Católica de Santa María, 2025-10-28) Del Carpio Ugarte, Cesar AlejandroLa presente investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia del presidencialismo atenuado en la forma de gobierno y la estabilidad jurídico-política del Estado peruano. Se empleó una metodología cualitativa con diseño documental y análisis hermenéutico, sustentada en observación documental y legislación comparada; asimismo, las unidades de estudio comprendieron 180 artículos normativos, dos sentencias y el caso Ana Jara. Los resultados muestran que la incorporación de mecanismos como la cuestión de confianza, la censura ministerial y la disolución parlamentaria dentro de un régimen presidencialista ha sido utilizada como instrumento de presión política, más que como un verdadero contrapeso; del mismo modo, se constató que la disolución del Congreso en 2019 operó como remedio extremo que, si bien quebró un bloqueo legislativo, agravó la inestabilidad. En conclusión, el presidencialismo atenuado incide negativamente en la gobernabilidad y en la estabilidad jurídico-política al desnaturalizar el modelo presidencial y favorecer un sistema de confrontación entre poderes, donde la censura ministerial, la cuestión de confianza y la disolución parlamentaria se convierten en instrumentos de presión que han profundizado la inestabilidad política del Estado peruano.Ítem Acceso Abierto Informe Jurídico(Universidad Católica de Santa María, 2025-08-04) Mendoza Urquizo, Carla AureaEl presente informe jurídico desarrolla el análisis del proceso judicial iniciado por el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Nacional de San Agustín (SUTUNSA) contra dicha casa superior de estudios, en el marco de una demanda contencioso-administrativa. La pretensión principal del sindicato consistió en exigir el cumplimiento de un acto administrativo firme: las Resoluciones del Consejo Universitario N.° 174-2011 y N.° 208-2011, mediante las cuales se reconocía un incentivo económico mensual de S/.150.00 a favor del personal administrativo comprendido bajo el régimen del Decreto Legislativo N.° 276. Pese a que dichas resoluciones tenían carácter definitivo y no fueron impugnadas, la universidad omitió su ejecución, lo que motivó la intervención judicial. El informe detalla minuciosamente los antecedentes del caso, desde el reclamo inicial mediante carta notarial y el silencio administrativo que originó la demanda, hasta la respuesta de la universidad, las etapas procesales y las decisiones emitidas por las diversas instancias jurisdiccionales. En primera y segunda instancia, el Poder Judicial declaró infundada la demanda, lo cual fue revertido por la Corte Suprema mediante la Casación N.° 2960-2018, en la que se ordenó ejecutar las resoluciones cuestionadas y se reafirmó la obligatoriedad de cumplir actos administrativos firmes. Desde un enfoque jurídico, el caso pone de relieve diversas problemáticas: sustanciales, vinculadas al principio de legalidad, la eficacia administrativa y los derechos laborales; procesales, relacionadas con la incorrecta interpretación de la normativa aplicable y el incumplimiento de principios como la tutela jurisdiccional efectiva y la debida motivación; y de ejecución, centradas en la dificultad de materializar sentencias favorables frente a una administración pública renuente. Asimismo, se destaca la relevancia del sindicato como agente de defensa de los derechos de los trabajadores, el papel de la jurisprudencia nacional —en especial la sentencia de casación— como mecanismo correctivo, y la importancia del respeto al derecho administrativo en el marco del Estado de Derecho. El informe concluye que este caso representa un ejemplo significativo del uso de la acción contencioso-administrativa como herramienta efectiva para la exigibilidad de derechos reconocidos por la propia administración, así como un precedente jurisprudencial valioso en materia de ejecución de actos administrativos y protección de los derechos laborales en el sector público.Ítem Acceso Abierto La contradicción del enfoque de género con el principio de igualdad y no discriminación en la ley 30364, Arequipa Perú 2022.(Universidad Católica de Santa María, 2024-10-18) Díaz Minaya, Giancarlo Betelgeuse.El siguiente trabajo fundamenta desde una perspectiva multidisciplinaria, que incluye la criminología, biología, filosofía, semántica y diversidad de datos estadísticos, la contradicción existente a nivel jurídico entre el enfoque de género y el principio de igualdad, ya que resulta casi irónico que en una ley que pretende ser un arma a favor de los derechos de los más vulnerables, como es la Ley 30364 se termine por en la práctica generando nuevas vulneraciones a un grupo humano como son los varones e infantes, en virtud de características que le son atribuibles al mismo, en un caso y por despojarle de sus características inherentes en el otro caso, en el caso de los varones se lo encajona en base de medida de ficciones ideológicas, a través de figuras irreales como el patriarcado se lo coloca en el papel de agresor perpetuo y de culpabilidad indubitable, en cuanto a el caso de los menores de edad, se les despoja de la indemnidad sexual e incluso su condición humana pues se reduce al nasciturus a poco más que un parásito y con los niños y adolescentes, la ideología que da origen al enfoque de género los trata como seres en igualdad de condiciones psicoafectivas sexualmente hablando que un adulto, dando un resultado negativo para los varones e ineficiente para las mujeres en aquellos ordenamientos jurídicos en los cuales a permeado dicho enfoque de manera transversal, siendo totalmente contrario al principio de igualdad material y formal, en cuanto a las consecuencias de su inserción en los diversos ordenamientos legales existentesÍtem Acceso Abierto Limitación al derecho constitucional de acceso a la información pública por la aplicación de la excepción de datos personales, Perú 2024(Universidad Católica de Santa María, 2024-10-04) Cáceres Rosado, Fabián Roberto; Lozada Zapana, Rodrigo CarlosEl derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental garantizado por nuestra constitución política y comprende el derecho de acceder a toda información almacenada en los bancos de datos de las entidades públicas. Su aplicación y alcances han sido desarrollados ampliamente por la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional. Este derecho- como todos los demás derechos- no es absoluto y por ende se encuentra limitado por una norma con rango de ley en concordancia con el principio de legalidad. El Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública regula las excepciones al ejercicio de este derecho en su artículo 17, en donde se enumeran seis causales de excepción que limitan el derecho de acceso a la información pública. Siendo la información referida a los datos personales cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad personal y familiar, la quinta excepción del artículo citado. Que fue empleada por el Ministerio Público en los seis casos analizados donde se negó en primera instancia el derecho de acceso a la información. Estas excepciones son numerus clausus y deben ser interpretadas de manera restrictiva por los funcionarios públicos encargados de las oficinas de transparencia de las entidades públicas. Ya que la interpretación errónea de las excepciones vulnera el derecho constitucional de acceso a la información pública. En la investigación se ha realizado un análisis doctrinario del derecho de acceso a la información pública a través de la bibliografía consultada, también se entrevistó a diez expertos en materia constitucional y tres en derecho administrativo para conocer los alcances del derecho de acceso a la información pública. Finalmente se analizaron seis expedientes administrativos del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública donde se profundizó sobre la aplicación de excepciones contempladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.