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Regulación en la ley de la suspensión de la prescripción de la acción penal, en relación a establecer plazos diferenciados por categorías de gravedad de los delito
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Fecha
2025-10-13
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Editor
Universidad Católica de Santa María
Resumen
La presente investigación plantea la regulación de la institución de la suspensión de la
prescripción de la acción penal en el sistema legal peruano, la cual se caracteriza por su
ambigüedad e imprecisión normativa. Esta situación se origina en la dispersión de
disposiciones legales contenidas en el Código Penal, el Código Procesal Penal y diversas
interpretaciones jurisprudenciales, especialmente los Acuerdos Plenarios emitidos por la
Corte Suprema de Justicia.
El artículo 84 del Codigo Penal (1991) regula de forma general la prescripción, sin ofrecer
lineamientos claros respecto a su suspensión, mientras que el Nuevo Codigo Procesal
Penal (2004) establece criterios procesales que no terminan por definir con precisión los
plazos y condiciones de dicha institución. En un intento por suplir este vacío normativo,
la Corte Suprema emitió el Acuerdo Plenario N.° 03-2012/CJ-116 (2012), otorgándole
contenido interpretativo a la suspensión de la prescripción. Sin embargo, esta solución
fue temporal e insuficiente.
Con la promulgación de la Ley N.° 31751 (2023), se introdujo un nuevo criterio legal al
establecer que la suspensión del plazo de prescripción no podría exceder de un (1) año.
No obstante, el posterior Acuerdo Plenario N.° 05-2023/CIJ-112 (2023) interpretó que
esta disposición resultaba desproporcionada e inconstitucional, al limitar excesivamente
la potestad del Estado para perseguir penalmente delitos graves, equiparando el plazo de
suspensión al de la interrupción (pena máxima más la mitad).
La coexistencia de estas normas e interpretaciones ha generado un panorama jurídico
confuso y contradictorio, evidenciado en diversas resoluciones judiciales a nivel nacional,
en las que se aplican criterios distintos respecto al plazo de suspensión, ya sea acatando
o inaplicando la Ley N.° 31751. Ello pone en riesgo principios fundamentales como el de
legalidad penal, seguridad jurídica y tutela jurisdiccional efectiva.
Frente a este contexto, la presente investigación tiene como objetivo principal proponer
una regulación clara, precisa y coherente del plazo de suspensión de la prescripción de la
acción penal, que armonice el interés del Estado en sancionar delitos con las garantías
procesales del imputado, y evite vacíos normativos que puedan derivar en impunidad o
vulneración de derechos fundamentales.
Descripción
Palabras clave
Acción penal, Ley, Suspensión