Examinando por Autor "Malabrigo Alarcón, Rodolfo Rainiero Gian Franco"
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Ítem Acceso Abierto Afectación del principio de imputación objetiva en los delitos de peculado por mínima lesividad en el Perú Tesis(Universidad Católica de Santa María, 2025-12-01) Chino Ventura, AlexisLa presente investigación analiza la coherencia entre la sanción penal del delito de peculado y el principio de mínima intervención penal, particularmente en casos donde la cuantía del bien afectado es mínima; el estudio tiene como objetivo principal determinar si resulta justificado, desde una perspectiva político-criminal y dogmática, castigar penalmente esta conducta a pesar de su escasa significancia económica. Para ello, se examina la fundamentación jurídica expuesta por la Corte Suprema respecto a la punibilidad del peculado en supuestos de mínima cuantía, evaluando su consistencia con los fines del Derecho Penal. Asimismo, se realiza un análisis de derecho comparado que permite identificar cómo distintos ordenamientos jurídicos regulan el peculado cuando recae sobre bienes de valor reducido; finalmente, se plantea la posibilidad de que tales conductas, por su menor gravedad, sean sancionadas en la vía administrativa como alternativa a la respuesta penal; es así que el trabajo busca aportar criterios para un tratamiento más proporcional y racional de este delito, alineado con los principios del Estado de derecho.Ítem Acceso Abierto Criterios de Valoración de la Declaración del Acusado en los Expedientes Penales de la Sede de Corte, Arequipa, 2014(Universidad Católica de Santa María, 2017-12-13) Malabrigo Alarcón, Rodolfo Rainiero Gian FrancoLa presente tesis titulada “CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL ACUSADO EN LOS EXPEDIENTES PENALES DE LA SEDE DE CORTE, AREQUIPA, 2014”, tiene como propósito desarrollar los problemas que se suscitan en relación al valor probatorio que debe tener la declaración realizada por una persona a la cual se le acusa de haber cometido un delito dentro de un proceso penal, siendo el caso que su naturaleza jurídica aún no ha sido definida, existiendo en la actualidad dos criterios predominantes sobre su ponderación, los cuales se oponen entre sí, por lo que se hace necesario reevaluar su tratamiento jurídico. En la práctica judicial cuando un abogado debe enfrentar un juicio oral, se ve obligado a establecer una estrategia, la cual se desarrolla en base a los medios probatorios que serán objeto de debate, en ese orden de ideas los litigantes deben tener claro que valor probatorio tiene cada medio probatorio objeto de actuación, siendo que una de las reglas de oro de la litigación oral nunca “irse de pesca”, siendo el caso que cuando se trata de la declaración del acusado, el código adjetivo del 2004, no ha definido claramente su naturaleza jurídica, lo que ocasiona que los magistrados de todas las instancias adopten diferentes posturas lo que se traduce en incertidumbre jurídica. En los Capítulos I y II del presente trabajo se ha desarrollado el marco Teórico Conceptual, el cual contiene la base teórica, conceptos y clasificaciones respecto a la problemática y la realidad jurídica de la declaración del acusado durante el desarrollo del proceso penal, lo cual sirve de sustento teórico a la presente investigación, realizando para ello un análisis de cada uno de estos temas enfocados desde la doctrina y la legislación. En el Capítulo III, se presenta los resultados a los que se llegó al realizar la revisión de las sentencias emitidas por los Juzgados Penales de la sede de corte de Arequipa del año 2014, proponiendo las conclusiones con sus correspondientes sugerencias.Ítem Acceso Abierto Implicancias de la reparación civil en los procesos penales emitidos en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 2021(Universidad Católica de Santa María, 2025-10-14) Vargas Lupo, Piero AndyEn nuestra vida diaria hemos sido testigos de diversos hechos con relevancia jurídica, entre los cuales se encuentran aquellos que activan la institución jurídica de la responsabilidad civil extracontractual para que una persona pueda reclamar el resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados cuando otra le causa algún tipo de lesión en su esfera privada, como sucede -como por ejemplo- en el caso de los accidentes de tránsito o cuando una discusión termina en agresiones ya sea por factores sentimentales o de otra índole. Ahora bien, los citados ejemplos pueden traer consecuencias de carácter penal y civil, siendo esta última accionada por el afectado mediante un proceso civil o haciendo valer su derecho en un proceso penal, pues su Código adjetivo regula reglas y principios que permiten hacer uso de la acción civil para reclamar el resarcimiento por los daños generados a través de la reparación civil, institución jurídica que aplica supletoriamente la normativa de la responsabilidad civil extracontractual contenida en el Código Civil. Del mismo modo, si es que el afectado no ejercita la acción civil, quien puede hacerlo ante su ausencia es el Ministerio Público, cuya Ley Orgánica le otorga dicha facultad. No obstante, esta institución jurídica viene sufriendo problemáticas al momento de aplicarse en un caso penal concreto debido a que sus operadores jurídicos –fiscal, abogado defensor y juez– le dan mayor preponderancia a la pretensión penal, dejando al agraviado en un segundo plano respecto a la pretensión civil, y ello probablemente se deba a la incorrecta aplicación de la acción civil o acaso deficiencias en la normativa del Código Procesal Penal que le es aplicable. Es por ello que, para resolver dicha problemática, en la presente investigación se realizó un estudio de diversos expedientes que fueron tramitados en la Corte Superior de Justicia de Arequipa durante el año 2021 con el objetivo de determinar cómo es que viene siendo aplicada la reparación civil por sus operadores jurídicos para que de esta manera se puedan detectar sus anomalías y se encuentre una solución adecuada.Ítem Acceso Abierto La aplicación restrictiva del inciso 3 del artículo 352 del Código Procesal Penal como norma violatoria al derecho a la igualdad de armas y al recurso eficaz(Universidad Católica de Santa María, 2024-10-10) Paredes Zegarra, Esteban AndrésA nivel Convencional y Constitucional, se ha reconocido el derecho al recurso, no solo como un derecho, sino además como un principio que informa a todo nuestro ordenamiento jurídico, de igual manera sucede con el derecho a la igualdad de armas, el cual es una garantía básica en nuestro sistema procesal penal. En virtud de ello, a lo largo de la investigación se contrasta el artículo 352° inciso tercero del Código Procesal Penal como norma, además que se realiza un análisis extensivo desde la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución; ello en aras de determinar si dicha norma es restrictiva o violatoria del derecho a recurrir eficazmente y en consecuencia ante tal tratamiento estaríamos hablando de una violación al derecho a la igualdad de armas. Para tal cometido, es preciso apoyarnos de los principios hermenéuticos como los son, el principio Pro Homine y Pro Actione, los cuales son principios generales del derecho que han sido reconocidos por nuestro sistema legal y por nuestra jurisprudencia. Con ello corroborando que la interpretación de este precepto normativo debe realizarse en concordancia con la Convención, la Constitución y los principios hermenéuticos ya anotados, con el fin de efectivizar los derechos fundamentales puestos en juego al interior de un procesal penal. En función de lo mencionado, la presente investigación no está referida a una propuesta de lege ferenda; sino que, a través de un control de convencionalidad y/o constitucionalidad se puede derrotar la ambigüedad y el vacío legal existente en el artículo 352° inciso tercero del Código Procesal Penal. Por lo tanto, la presente investigación es de carácter jurídica y dogmática, para tales fines, valiéndose de la doctrina, la jurisprudencia, la interpretación y la opinión de renombrados juristas, quienes también adoptan dicho criterio garantista, esgrimido a lo largo de la investigación; todo ello con el fin de desarrollar nuestro Código Procesal Penal, el cual, gracias a influencias políticas, en vez de avanzar, retrocede.Ítem Acceso Abierto La incongruencia de los delitos de motín y conspiración con el principio de legalidad y el Iter Criminis(Universidad Católica de Santa María, 2025-04-23) Huamani Salgueron, RocioEl objetivo de esta investigación es analizar la congruencia entre los delitos de motín y conspiración con el principio de legalidad y el Iter Criminis; es así que, para alcanzar este propósito, se empleó una metodología cualitativa, con un enfoque básico y un diseño documental, así también el instrumento utilizado fue el archivo virtual, y los datos fueron analizados mediante la metodología exegética. En cuanto a los resultados obtenidos, se concluye que el delito de motín, descrito en el artículo 348 del Código Penal, presenta una falta de congruencia con el principio de legalidad, ya que su redacción es ambigua. En particular, no especifica con claridad en qué momento y bajo qué circunstancias una persona puede atribuirse los derechos del pueblo. Sin embargo, se observa que este delito cumple con el Iter Criminis, pues corresponde a la fase de ejecución del delito. Por otro lado, el delito de conspiración, regulado en el artículo 349 del Código Penal, se ajusta tanto al Iter Criminis como al principio de legalidad. Esto se debe a que, según la doctrina, se trata de un delito de peligro abstracto, lo que implica que el riesgo creado por su comisión es suficiente para justificar su tipificación. Además, la redacción de este tipo penal es clara y precisa, cumpliendo así con el principio de legalidad. En contraste, el delito de conspiración sí se ajusta tanto al principio de legalidad como al Iter Criminis, lo que garantiza su coherencia con las bases del derecho penal. Finalmente, se recomienda que el poder legislativo proceda a derogar el artículo 348, que tipifica el delito de motín, debido a su ambigüedad y su falta de congruencia con el principio de legalidad