Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

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Análisis de las medidas de protección en el proceso especial de tutela contemplado en la Ley 30364 y su incidencia con el derecho a la carga de la prueba del denunciado, en el Juzgado Civil de Espinar - Cusco, 2022
(Universidad Católica de Santa María, 2024-08-23) Rodríguez Bedoya, Ashly Antuanet
El presente trabajo cuenta con el objetivo general: Evaluar el impacto de las medidas de protección de la Ley 30364 en el derecho a la carga de la prueba del denunciado en casos de Violencia Familiar en el Juzgado Civil de Espinar, Cusco, y proponer mejoras para garantizar la salvaguardia de los derechos de todas las partes involucradas, así como también tuvo objetivos específicos los cuales son: Identificar los mecanismos específicos establecidos en la Ley 30364 para proteger el derecho a la carga de la prueba del denunciado en el proceso de Violencia Familiar al momento de dictar medidas de protección en el Juzgado Civil de Espinar, Cusco. Evaluar el grado de cumplimiento de los mecanismos establecidos en la Ley 30364 para asegurar el respeto y garantía del derecho a la carga de la prueba del denunciado durante el proceso de Violencia Familiar en el Juzgado Civil de Espinar, Cusco. Analizar las posibles limitaciones o vulneraciones del derecho a la carga de la prueba del denunciado en el proceso de Violencia Familiar en el Juzgado Civil de Espinar, Cusco, que podrían surgir como consecuencia de la aplicación de las medidas de protección establecidas en la Ley 30364. Proponer recomendaciones y posibles reformas que podrían ser implementadas para mejorar la protección del derecho a la carga de la prueba del denunciado en los casos de Violencia Familiar, considerando la aplicación de las medidas de protección establecidas en la Ley 30364 en el Juzgado Civil de Espinar, Cusco. Cuya metodología fue de naturaleza básica, diseño de investigación fundamental, en relación al resultado: que las medidas de protección suelen dictarse sin tener en cuenta la defensa técnica del imputado. Para lo cual se hará el uso repositorios institucionales y centros de información de diversas universidades locales, y nacionales, principalmente tomando como base los antecedentes investigativos mencionados en el proyecto. Y así también se revisará la normativa nacional sobre la materia de violencia contra la mujer e 5 integrantes del grupo familiar, así como las resoluciones expedidas por el Juzgado Civil de Espinar, Cusco, durante el año 2022. Se concluyó que el derecho de defensa del denunciado es vulnerado en el Proceso Especial de otorgamiento de medidas de protección regulado en la Ley 30364. Para garantizar el derecho de defensa y a probar del denunciado, el juez deberá interpretar y aplicar las normas existentes, como el TUO de la Ley 30364, su reglamento y protocolos, así como las normas supletorias como el Código Procesal Civil.
El criminal compliance como forma de prevenir los delitos empresariales y regular la responsabilidad penal de la personal jurídica en el Perú - 2019
(Universidad Católica de Santa María, 2021-01-06) Del Carpio Solórzano, Olga Lucia
En la actualidad, las empresas desempeñan un rol fundamental en el orden económico, pero también a la vez configuran un riesgo latente para la comisión de delitos dentro del marco de las actividades empresariales. Es por ello que, el derecho penal económico cumple un papel importante para hacer frente a la criminalidad empresarial. En el año 2016 se promulga la Ley N° 30424, Ley que regula la mal llamada responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, puesto que, del espíritu del cuerpo normativo se desprende una responsabilidad penal de la persona jurídica. En la presente investigación se buscó determinar el rol que cumple el Criminal Compliance con respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Tras revisar la doctrina y consultar a grandes maestros que defienden una tesis de responsabilidad penal de la persona jurídica como son los Profesores,Klaus Tiedeman, Carlos Goméz- Jara, Jesús María Silva Sánchez,Bernd Shunemann. Juan Antonio Lascuraín y también profesores de la doctrina nacional como son el Profesor Percy García Cavero, Carlos Caro Coría y Luis Miguel Reyna Alfaro, quienes han realizado grandes aportes para una construcción de una Teoría del delito analógica para la persona jurídica. Asimismo, a lo largo de la investigación hemos advertido que no existe jurisprudencia, ni ningún precedente judicial en el que se haya sancionado penalmente a la persona jurídica bajo el marco de la referida ley. Es por ello que, para realizar un análisis basado en doctrina, pero también en la realidad peruana, hemos aplicado una entrevista a los especialistas en materia de Criminal Compliance en nuestro país, quienes han aportado para el esclarecimiento de algunos vacíos que presenta la referida ley. Con todo el trabajo antes precisado, se determinó que el Criminal Compliance es una herramienta para que las empresas gestionen adecuadamente los riesgos y puedan prevenir o detectar delitos que susciten dentro del marco de la actividad empresarial, cumpliendo con un rol de prevención, vigilancia, detección y sanción. Finalmente, se determinó que el Criminal Compliance, no podría ser de carácter obligatorio, puesto que, el núcleo de este se rige mediante la autorregulación, la debida diligencia, la auditoría interna, la gestión del código de ética y los stakeholders que deben conformar parte del Buen Gobierno Corporativo.
Criterios en la Determinación Judicial de la Pena Cuando Concurran Circunstancias Atenuantes Privilegiadas, en la Corte Superior de Justicia de Arequipa – Sede Central, 2017
(Universidad Católica de Santa María, 2019-07-26) Hinojosa Ordoñez, Jhessdy Milena
La laguna legal, aún imperecedera, en el proceso de determinación de la pena cuando se pretende identificar la proporción o el quantum de la pena que debe reducirse ante la concurrencia de las llamadas “circunstancias atenuantes privilegiadas” en el delito – literal a) del numeral 3. del artículo 45°-A del Código Penal peruano–, ha generado que el Juez arequipeño de los Juzgados Penales Unipersonales, Colegiados y Salas Penales de Apelaciones en sus sentencias de primera instancia y de vista expedidas durante el año 2017, hagan uso de soluciones disímiles, siendo las más importantes según el orden de prelación porcentual: i) los métodos de integración jurídica: analogía in bonam partem para crear un marco penal abstracto por debajo del mínimo legal establecido para el delito, aplicando en sentido inverso la proporción de una mitad o un tercio establecido para las circunstancias agravantes cualificadas de reincidencia y habitualidad; y principio de proporcionalidad para realizar una reducción directa sobre la pena concreta; ii) la aplicación del margen penal mínimo general correctivo dispuesto en el artículo 29° del Código Penal, esto es, la pena privativa de libertad temporal de dos días como nuevo mínimo legal del nuevo marco penal abstracto; y, iii) otras formas de reducción inasibles bajo una motivación aparente. El análisis de los fundamentos dogmáticos de las “circunstancias” a través de su vinculación con las categorías del delito de injusto y de culpabilidad, esto es, con la teoría del delito, se concluye la existencia indiscutible de las circunstancias atenuantes privilegiadas. Y, con base, principalmente, en el principio de culpabilidad se hace necesario la creación por el legislador de un marco penal intermedio y delegado al Juzgador a través de reglas auxiliares, que permitirá tener un adecuado efecto y oportunidad operativa para la valoración de todas las circunstancias concurrentes en el delito. Palabras clave: Circunstancias atenuantes privilegiadas, quantum de la pena, marco penal abstracto.
Efectividad que la Nulidad de un Acto Jurídico Civil Sea Resuelto en el Proceso Penal: ¿Es Garante del Pago de Reparaciones?
(Universidad Católica de Santa María, 2019-01-15) Viza Huaracallo, Abigahi Paola
El presente trabajo de investigación titulado, Efectividad que la nulidad de un acto jurídico civil se resuelva en el proceso penal : ¿es garante del pago de reparaciones? tiene como objetivo abordar la problemática existente a nivel de la aplicación del pedido anulatorio por parte del Ministerio Publico así como el Actor Civil y en consecuencia sea resuelta por El Juez Especializado en lo penal, alterando el orden jurídico establecido así como vulnerar la competencia conferida a órganos jurisdiccionales Penales, como consecuencia de la introducción de la figura jurídica denominada “Nulidad de Transferencia”, el cual constituye un instrumento que forma parte del acervo penal a través del capítulo referido a la Reparación Civil, constituyendo esta figura Jurídica un mecanismo de defensa al presunto agraviado y preservación dentro del Ordenamiento Penal. Dada la naturaleza de esta investigación, para el desarrollo del presente trabajo se ha echado mano a distintas fuentes, razón por la cual, en el Primer capítulo, se ha traído a colación los concepto que forman parte del contenido de la Nulidad de Transferencia penal, a fin de dar un panorama general y de esta manera poder aterrizar en un conocimiento acertado respecto de la figura Jurídica, en referencia a su contenido. Posteriormente, en el segundo capítulo se recurre a determinar cuál es el antecedente o la causa de la Introducción de la Acción Civil en el Proceso Penal, a través de las Pretensiones Heterogéneas, todo esto nos permitirá determinar si es compatible con la causa perseguida y objeto tutelado por la nulidad de acto jurídico Penal, haciendo necesario para ello a efectos de ampliar el conocimiento en general, echar mano a realizar una comparación con el Derecho Comparado. Ahora bien, para determinar la aplicación de la presente figura jurídica por parte del Juez Penal y otros operadores del derecho, en el Tercer Capítulo, será necesario conocer cuáles son las problemáticas existentes en relación a verdadero objeto, naturaleza y cuestión que origina la nulidad de transferencia, así como los percances que existen al momento de ejercerlo en el proceso y el momento en que es conocida la situación fraudulenta. Después, para establecer si efectivamente se vulnera con la introducción Sistemática del artículo de Nulidad de Transferencia las garantías judiciales y derechos constitucionales aplicables al proceso penal, demostrando las ventajas y desventajas de la especialidad judicial, y en consecuencia si es constitucional la norma y su correspondencia con el ordenamiento jurídico en general, en relación a la seguridad jurídica. Finalmente para reflejar su ejercicio en la práctica jurídica de la nulidad de acto jurídico penal se realiza un cuestionario aplicados a los operadores del derecho que reflejaran indicios suficientes que permitieran asumir una posible vulneración hacer efectiva el paga de la reparación civil dentro del proceso peruano. PALABRAS CLAVES: ACTO JURÍDICO – NULIDAD – ACCIÓN CIVIL – JUEZ - PRINCIPIOS PROCESALES – SEGURIDAD JURÍDICA - REPARACIÓN CIVIL.
El principio de oportunidad en el delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, a propósito del acuerdo plenario 09- 2019/CIJ/116, Arequipa, 2022
(Universidad Católica de Santa María, 2024-10-14) Yucra Limachi, Mirian Esperanza
La presente tesis tiene como objetivo determinar si con la prohibición de la aplicación del Principio de Oportunidad en el delito de Agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar a razón del Acuerdo plenario 09/2019/CIJ/116 se vienen vulnerando y contradiciendo los principios de Proporcionalidad, Economía y Celeridad procesal. Para tal fin se utilizaron los métodos de investigación jurídica y el método dogmático. La unidad de análisis, población y muestra de la investigación fueron los supuestos normativos (sustantivos y adjetivos) relacionados al delito de agresiones en contra de los integrantes del grupo familiar. Asimismo, Pleno Jurisdiccional Distrital Penal de Ancash, 2017, Pleno Jurisdiccional Distrital Penal Del Callao, 2018, Pleno Jurisdiccional Distrital Penal de Arequipa, 2018, Carpera Fiscal 550-2019: Siete criterios para aplicar un Acuerdo Reparatorio en el delito de agresión contra una mujer, el Acuerdo Plenario N° 09-2019/CJ-116 sobre acuerdo reparatorio y principio de oportunidad en el delito de agresiones en contra de las mueres o integrantes del grupo familiar y las sentencias del Tribunal Constitucional que analizan casos sobre el principio de proporcionalidad. También se analizaron las estadísticas de los casos de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar que se tienen en los juzgados especializados en violencia familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa a partir de la emisión del Acuerdo Plenario N° 09- 2019/CJ-116. La Población de la investigación lo constituyen 41 encuestados, de los cuales tenemos: 4 jueces especializados de los módulos judiciales especializados en violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar de Arequipa, 6 fiscales especializados en violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar de Arequipa, 31 abogados, entre asistentes administrativos y secretarios judiciales de los Juzgados especializados en violencia familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa y los Asistentes en función fiscal y asistentes administrativos de las fiscalías especializadas en violencia familiar del Ministerio Publico, distrito fiscal de Arequipa. En cuanto a la muestra: Para los operadores jurídicos, la muestra es no probabilística, es decir a elección del investigador, debiendo considerar criterios para establecer las condiciones de elección: Criterios Inclusivos: Que tengan mayor de 3 años de experiencia en el cargo, ya sean jueces o fiscales, además de que laboren en los juzgados y fiscalías especializados en violencia familiar de la ciudad de Arequipa. Criterios de Exclusión: Que no cumplan con las condiciones de experiencia antes descritos. Los instrumentos utilizados fueron: Ficha de recopilación bibliográfica y el Cuestionario. La conclusión principal a la que se ha llegado con la investigación es que con la prohibición de la aplicación del Principio de Oportunidad en el delito de Agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar a razón del Acuerdo plenario 09/2019/CIJ/116 se vienen vulnerando y contradiciendo los principios de Proporcionalidad, Economía y Celeridad procesal, además de otros principios constitucionales como el de protección a la familia y el interés superior del niño que justifican su predominio sobre el acuerdo plenario emitido por la Corte Suprema, ya que no han sido analizados referidos principios, puesto que estos se configuran como directrices obligatorias para interpretar supuestos normativos.
Implementación de medidas alternativas a la pena efectiva en delitos no graves de tráfico ilícito de drogas en base a la casuística de los juzgados penales de Arequipa, 2019
(Universidad Católica de Santa María, 2022-04-29) Fernández Deglane, Naomi Ginelvi
En nuestro país aproximadamente el 20% de la población carcelaria esta privada de libertad por delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas, siendo la tercera causa más frecuente (INPE, 2020); a causa de una política criminal populista, enfocada meramente en un modelo prohibicionista y represivo que está probando ser contraproducente y poco respetuoso de los derechos humanos; y que afecta únicamente a los eslabones más vulnerables de la cadena del narcotráfico; es por ello que el objetivo de esta investigación es determinar qué medidas alternativas a la pena privativa de libertad deben implementarse en los delitos leves de tráfico ilícito de drogas. En la investigación se utilizó un enfoque cualitativo de tipo descriptivo; se tomó como muestra 16 sentencias emitidas en los juzgados penales de Arequipa, el método utilizado para la evaluación de las mismas fue el de la observación documental. La hipótesis central de la investigación señala que la cantidad de sentenciados por el delito de drogas en prisión se ha incrementado, lo cual ha provocado un hacinamiento carcelario, y la reincidencia, no existiendo una disminución en el tráfico lícito de drogas y que no se cumpla con el principio de resocialización dado que las medidas aplicadas por los juzgados no son efectivas para disminuir la reincidencia en los delitos de tráfico ilícito de drogas, la cual se buscara probar en la presente tesis. La presente tesis se encuentra estructurada en IV capítulos, en el capítulo I se desarrollan conceptos básicos de la pena privativa de libertad; así como un contexto general de la situación carcelaria de nuestro país, el capítulo II versa sobre las medidas alternativas a la pena privativa de libertad, se aborda un panorama internacional para luego analizar las medidas alternativas en nuestro ordenamiento, en el capítulo III se analiza el delito de tráfico ilícito de drogas en el Perú y su repercusión en el sistema carcelario, finalmente en el capítulo IV se realiza un análisis de las medidas alternativas aplicadas en el delito de tráfico ilícito de drogas en las sentencias expedidas por la corte superior de justicia de Arequipa en el año 2019.
Implicancias Jurídicas de la Doctrina Jurisprudencial Vinculante Establecida en la Casación N° 131-2014-Arequipa para los Sentenciados por el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar, Cuando la Pena Suspendida ha Sido Revocada. Arequipa, 2018
(Universidad Católica de Santa María, 2019-10-04) Turpo Sillo, John Alberth
Con la ejecución del presente trabajo hemos determinado que la incidencia de casos en los que el sentenciado después de revocada la suspensión de la ejecución de pena por incumplimiento del pago de reparación civil, haya hecho el pago tardíamente y logrado su liberación o conversión de su pena es casi nula, pues durante los años 2017 al 2018, solo un procesado ha obtenido su libertad pagando la reparación civil, después que se le haya revocado la pena suspendida. La aplicación de la doctrina jurisprudencial vinculante previsto en la Casación N° 131- 2014-Arequipa contraviene los fines de la pena en los delitos de omisión a la asistencia familiar, por cuanto no permite que los revocados no pueden lograr los fines de la pena, porque impone una pena gravosa frente a una acción que constituye poca lesividad y la persona no representa peligrosidad para la sociedad. Asimismo, se ha determinado que la aplicación de la doctrina jurisprudencial vinculante previsto en la Casación N° 131-2014-Arequipa vulnera el principio del interés superior del menor alimentista, al no permitir al sentenciado cumplir la pena en libertad y trabajando, para así poder cumplir con su obligación alimentaria. Con todo ello se determina que existe la necesidad de regular el cumplimiento tardío de la reparación civil, después de la revocación de la pena suspendida, como un atenuante genérico para solicitar la conversión de la pena a prestación de servicios comunitarios, con la finalidad de nulificar los alcances de la jurisprudencia vinculante dispuesta en la Casación N° 131-2014-Arequipa. PALABRAS CLAVE: ALIMENTOS – OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR – SUSPENSIÓN DE LA PENA – REVOCATORIA DE LA PENA – FINALIDAD DE LA PENA – REPARACION CIVIL – JURISPRUDENCIA VINCULANTE.
La Omnipotencia de los Grupos Reivindicadores: Análisis de los Fenómenos Humanos en el Desarrollo Jurídico de los Derechos Fundamentales y su Relación Formal con la Justicia
(Universidad Católica de Santa María, 2019-03-22) Sánchez Cárdenas, Diego Alejandro
Ante los dilemas que impone la trascendencia empírica del principio de universalidad en materia de derechos fundamentales, el presente trabajo tiene por objeto describir, de forma general, el proceso que atraviesa una reacción individual de rechazo hacia determinada conducta para ser seleccionada por el sistema jurídico y esbozada a través de un parámetro normativo. Para tal efecto se realizará un análisis multidisciplinario de los procesos intersubjetivos y fenómenos humanos que se requieren para que un sistema de derechos fundamentales esboce un parámetro normativo formal. De igual manera, teniendo en cuenta que el sistema jurídico requiere de una noción cabal de justicia que lo oriente a fin de regular atinadamente las materias propuestas como relevantes, se analizarán algunas precisiones formales respecto a tal temática en relación a las conductas vejatorias en contra de los animales. Ello tendrá por objeto demostrar que, eventualmente, pueden generarse desarrollos normativos a favor de especies distintas al ser humano en el marco de los sistemas de derechos fundamentales, sin que ello sea incompatible con los principios rectores de tales sistemas. Palabras clave: Derechos fundamentales, Desarrollo normativo, Justicia

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