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Análisis de los aspectos inconstitucionales de la Ley N° 30364 en la etapa de investigación preparatoria de los delitos vinculados a violencia familiar, Arequipa 2020-2021
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Fecha
2026-06-11
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Editor
Universidad Católica de Santa María
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Acceso Abierto
Resumen
La estructura familiar, es desde la perspectiva humanista la fuente primigenia de formación de la persona influyendo de forma determinante en su comportamiento y su capacidad para manejar los diferentes escenarios que surgen a lo largo de su vida, además influye en el tipo de familia que esta persona tendrá en el futuro creándose así un ciclo que repercute inevitablemente en el tipo de sociedad que un país tiene. Bajo este escenario, la violencia aceptada y fomentada dentro de la estructura familiar, es resultado de los ciclos formados dentro de las familias generacionalmente y aceptados o tolerados socialmente, y en consecuencia el tipo de sociedad que tiene cada país se gesta y se define dentro de la estructura de cada familia. Es claro que la violencia no debe ser tolerada.
Sin embargo, la cuestión que emerge frente a este escenario es si la imposición de medidas más drásticas, como la promulgación de la Ley N° 30364 y las variaciones normativas que ha generado, respetan el estado de derecho para todos los ciudadanos sin importar su género, prevaleciendo las garantías constitucionales que le deben asistir o si por el contrario la política criminal se ha fundado más bien en una visión populista del escenario de violencia trayendo como consecuencia la vulneración de dichas garantías constitucionales al imputado.
Los resultados de la investigación permitieron identificar contradicciones normativas específicas entre la Ley N° 30364 y normas constitucionales y procesales del Código Penal y del Código Procesal Penal. Por ejemplo, el artículo 22-A de la Ley 30364 —referido a la valoración del riesgo y a las medidas de protección— puede vulnerar el principio de presunción de inocencia, al permitir restricciones de derechos sin una sentencia firme. Asimismo, las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1323, que agrava las penas por violencia de género, presentan conflictos con el principio de proporcionalidad penal. También se observan contradicciones en la actuación policial, donde se adoptan medidas limitativas antes de que el Ministerio Público formalice investigación, afectando el derecho de defensa. El estudio concluye que dichas inconsistencias generan desequilibrio procesal entre víctima e imputado. Además, el análisis comparado de España, Colombia, Chile y Argentina evidencia que estos países han adoptado mecanismos de protección más equilibrados entre las partes, priorizando la tutela judicial efectiva sin menoscabar las garantías constitucionales del imputado.
Descripción
Palabras clave
Violencia familiar, derechos constitucionales, desigualdad.