Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

URI permanente para esta comunidad

http://10.0.6.40:4000/handle/20.500.12920/1850

Examinar

Examinando Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas por Autor "Alejo Quispe, Katia Vanessa"

Mostrando 1 - 1 de 1
  • Miniatura
    ÍtemAcceso Abierto
    Los criterios de mínima diligencia y accesibilidad normativa como presupuestos para determinar la competencia de la víctima en los delitos de estafa por compras realizadas en medios virtuales en la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Arequipa, 2023.
    (Universidad Católica de Santa María, 2025-10-21) Alejo Quispe, Katia Vanessa
    La investigación que se presenta a continuación tuvo como objetivo determinar los criterios de mínima diligencia y accesibilidad normativa como presupuestos para determinar la competencia de la víctima en los delitos de estafa por compras realizadas en medios virtuales en la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Arequipa durante el 2023. Para alcanzar tal objetivo, la investigación se caracterizó -metodológicamente- por ser una investigación cualitativa, de tipo básico, de nivel descriptivo, no experimental y que, a través de los métodos dogmático, funcional y hermenéutico se permitió analizar y contrastar información derivada de los principales criterios doctrinarios, legales, jurisprudenciales y de la revisión de 32 carpetas fiscales de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Arequipa sobre el delito de estafa que involucra compras en línea o transacciones electrónicas. Todo ello permitió concluir que, la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Arequipa ha utilizado los criterios de mínima diligencia y accesibilidad normativa como presupuestos necesarios para evaluar la competencia atribuida a la víctima y, en consecuencia, decidir si procede la acción penal en casos de estafa virtual. Aunque dichos criterios encuentran respaldo en la jurisprudencia nacional, su aplicación práctica ha sido desigual y, en ocasiones, excesivamente restrictiva, trasladando la carga de la prueba y la prevención a la víctima. Esto ha llevado a la exclusión de la protección penal en numerosos casos, incluso cuando el engaño fue real y patrimonialmente lesivo, por lo que se evidencia la necesidad de estandarizar y humanizar el uso de estos criterios en función del contexto real de cada víctima.