Camargo Riega, Alberto VittorioFlores Gonzales, Roxana Dolores2025-10-282025-10-282025-08-05https://hdl.handle.net/20.500.12920/15823El principal problema en el Perú radica en la adopción de políticas penales rígidas frente a los delitos de corrupción, como la prohibición del acceso a beneficios penitenciarios para los condenados por estos delitos, sin un análisis profundo sobre su compatibilidad con los derechos fundamentales. Esta medida, aunque responde a la necesidad urgente de combatir la corrupción, puede entrar en tensión con principios esenciales del Estado constitucional de derecho, como la resocialización del condenado y la igualdad ante la ley. Frente a este contexto, la presente investigación se propone analizar si dicha prohibición es compatible con el marco constitucional peruano. Para ello, se abordará: (i) el impacto del principio de lucha contra la corrupción en la configuración de la política criminal actual, (ii) la tensión existente entre el fin resocializador de la pena y la restricción de beneficios penitenciarios, y (iii) el debate sobre el trato diferenciado entre funcionarios públicos (intraneus) y particulares (extraneus) en los delitos contra la administración pública. Esta tesis tiene como propósito contribuir a delimitar los márgenes legítimos de actuación del legislador penal cuando diseña políticas para enfrentar la corrupción, sin vulnerar derechos fundamentales. A través del control constitucional, se busca establecer hasta qué punto estas restricciones son compatibles con los valores y principios de un Estado democrático y garantistaapplication/pdfspainfo:eu-repo/semantics/openAccessEstado ConstitucionalDerecho PenalDerechos fundamentalesinfo:eu-repo/semantics/masterThesishttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01